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Vila y su estadio “sostenible”

Filiberto Pinelo Sansores
Editorial de Filiberto Pinelo Sansores

Filiberto Pinelo Sansores (*)

¿Se habrá quedado solo el gobernador Mauricio Vila en su intento de dar un golpe publicitario de alto impacto que lo ayude a proyectarse a las alturas que sus aspiraciones a una candidatura presidencial requieren para hacerla viable?

La pregunta es pertinente porque desde que, de la mano de un grupo de inversionistas amigos, anunció, el último día del mes pasado, con bombo y platillos, la construcción de un estadio “sostenible”, fuera del representante de estos empresarios, nadie más, ni funcionarios de su gobierno ni representantes de su partido, han sacado la cara para defender el proyecto. Sí, por el contrario, se han levantado muchas voces en contra de él.

Los primeros en protestar fueron los vecinos que serán directamente afectados por la obra, en primer lugar, los de Cordemex, una emblemática colonia de trabajadores que, en aras de la modernidad, ha ido perdiendo su tranquilidad, al ritmo que se han ido edificando centros comerciales y otros negocios que la han cercado, la que con este engendro, recibirá la puntilla, gracias a un gobernante al servicio de intereses del gran dinero y no de la sociedad.

También protestan los de una colonia colindante, Sodzil Norte, que se traslapa con la anterior.

En aras del megalómano proyecto, una y otra, serán sacrificadas, si no cambian las cosas, por la ambición conjunta de políticos arribistas y buscadores de ganancias a los que no importan los daños que ocasionan.

Para éstos es más fácil invertir en un lugar donde las ganancias serán mayores porque un gobernante afín usará un terreno público que desincorpora y vende —si es que vende y no regala— a precio de ganga, que encontrar un lugar idóneo, por sus condiciones, aunque cueste más y las utilidades sean menores, pese a que, de todos modos, serían mayúsculas.

Esta es la lógica con que se conducen quienes están intentando hacer el llamado estadio sostenible en una colonia que sufrirá las consecuencias de las ambiciones políticas y los deseos de lucro de quienes acoplan sus intereses para convertir sus propósitos en realidades.

Se puede repetir aquí la historia del paso deprimido, cuando frente a la decidida protesta de vecinos de la Colonia México, una alcaldesa ignorante, Angélica Araujo, sometida a la férula de una gobernadora adicta a los excesos, Ivonne Ortega, ambas priistas, impusieron por la vía sangrienta de la fuerza bruta, con hampones protegidos por la policía, un proyecto elaborado con las patas consistente en hacer un túnel donde había una glorieta, para supuestamente, regular el tránsito, causándole gravísimos perjuicios a la ciudad, la que todavía hoy los sufre, no sólo por lo inservible de la obra, sino por las grandes cantidades que se tienen que erogar para su reparación constante.

En este caso fue la necedad del par de políticas cavernícolas que gobernaban la causa de la actitud de ambas; en el del estadio “sostenible” sería el dominio del afán de hacer negocios con jugosas ganancias al amparo del poder y la egolatría del gobernante en turno —junto con sus ambiciones políticas de cara al futuro—, el motivo fundamental para seguir adelante con este proyecto antisocial.

El asunto tiene componentes que permanecen ocultos porque ni el gobierno estatal ni los inversionistas han dado detalles que conduzcan al esclarecimiento de los términos en que se está cerrando el trato.

Nadie sabe, hasta el momento, a cuánto asciende el avalúo del terreno ni quién lo hizo; tampoco en qué cantidad y condiciones se les está vendiendo a los empresarios. ¿Es el precio que realmente corresponde al inmueble o es una especie de generoso donativo, como los que acostumbran los gobiernos privatizadores, para los cuales el Estado no es sino un ente al servicio de oligarcas?

El único que ha hablado es el representante de los inversionistas, que ha enredado más las cosas al decir que “el proceso de compra-venta se está llevando al cabo con el involucramiento de valuadores colegiados para establecer un precio de mercado y asegurar que no haya ventajas para los inversionistas”, por lo que queda claro, no sólo no han soltado el dinero, sino que ni siquiera saben cuánto será. Pero ya el gobierno estatal habla de la obra como si la operación se hubiera concretado. A plana entera, publicó un desplegado en el que no sólo pondera las virtudes del estadio sino lo da como hecho consumado (D.de Yuc., 03-09-21).

Mucho ruido y pocas nueces es lo que, hasta hoy, han difundido como información, Vila y asociados. Se hacen los desentendidos ante las reales dimensiones del problema que la obra representa, que es no sólo el del dinero a pagar por el terreno, sino el de las afectaciones, que serán graves, a los vecinos. Las vialidades, el agua potable, el flujo vehicular, la seguridad, las áreas verdes, el ruido, etc. todo ello será alterado sentido negativo para los vecinos.

Uno de los problemas que más saltan a la vista es el que resulta de la torpeza de construir un estadio para 30 mil espectadores en un terreno de 4.5 hectáreas, que no tiene, ni de cerca, las dimensiones que se requieren para incluir en él el número de cajones de estacionamiento, 8 mil 500, que se necesitan, sino sólo para una mínima parte, 1,600.

Es una burla que el representante de los inversionistas declare, muy quitado de la pena, que para cumplir con la norma del número de estacionamientos exigido, echará mano de estacionamientos vecinos, “una vez que se concluyan los acuerdos de mutuo beneficio con los propietarios de los inmuebles aledaños” (D.de Yuc., 09-09-21).

Es obvio que si llegara a hacerse así se estarían violando todas las normas habidas y por haber, en materia de construcciones, del Municipio de Mérida.

En consecuencia, el asunto incumbe, también, al Ayuntamiento meridano que no podrá eludir su responsabilidad y tendrá que definirse en uno u otro sentido: o acompaña al gobernador, que ya ha demostrado muchas veces que no da marcha atrás en sus arbitrariedades, o demuestra que hace a un lado los intereses de partido y se pone de parte de la legalidad y la justicia.— Mérida, Yucatán.

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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

 

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